Desde el pasado 1° de febrero de 2026, comenzó a regir un nuevo decreto que introduce ajustes relevantes al régimen de promoción de inversiones, en el marco de la Ley N.º 16.906.
Las modificaciones buscan actualizar los criterios de evaluación de proyectos y alinear los incentivos fiscales con las prioridades actuales de política económica, entre las que se destacan:
- Creación de empleo:
Se prioriza la generación de puestos de trabajo formales, con especial énfasis en la contratación de jóvenes, mujeres y colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.
- Descentralización territorial:
Se otorga mayor ponderación a los proyectos que se desarrollen fuera de Montevideo, promoviendo inversiones que contribuyan al desarrollo económico del interior del país.
- Incorporación de tecnología y productividad:
Se incentivan las inversiones orientadas a la innovación, digitalización, automatización y mejora de procesos productivos, con impacto directo en la competitividad empresarial.
- Facilitación del acceso al régimen para MiPymes:
Se introducen ajustes destinados a simplificar el acceso de micro, pequeñas y medianas empresas al régimen, reconociendo su rol clave en la generación de empleo y valor agregado.
Se mantienen beneficios fiscales centrales, como ser exoneraciones de IRAE, impuestos a la importación y mecanismos de recuperación de IVA, y se prevén reglas claras tanto para proyectos de menor escala como para grandes inversiones.
Cabe destacar que este nuevo decreto convive hasta el 30 de abril de 2026 con el régimen anterior, permitiendo a los inversores evaluar cuál marco normativo resulta más conveniente según las características y el momento de cada proyecto.
En un contexto regional competitivo, estos cambios refuerzan el posicionamiento de Uruguay como un destino atractivo, previsible y alineado con una inversión productiva y sostenible.
