En los últimos años, empezamos a escuchar cada vez más sobre las famosas “granjas de streaming”. ¿Qué son? Básicamente, son espacios (físicos o virtuales) llenos de celulares, computadoras o programas automatizados que reproducen una y otra vez canciones, videos o cualquier contenido en plataformas como Spotify, YouTube o TikTok. ¿El objetivo? Inflar artificialmente los números de reproducciones, visualizaciones o “me gusta”, haciendo que parezca que un contenido es mucho más popular de lo que realmente es.
Estas granjas usan bots, cuentas falsas, VPNs para simular diferentes ubicaciones, y un montón de otras herramientas para engañar a los sistemas de las plataformas. ¿Por qué? Porque más reproducciones pueden traducirse en más visibilidad, subir en rankings, generar más ingresos por publicidad o regalías, o incluso atraer el interés de sellos discográficos, sponsors o marcas.
Aunque estas prácticas no siempre están penalizadas por ley de forma directa, sí violan los términos de uso de las plataformas. Y si se descubre, puede traer consecuencias: desde la baja de cuentas hasta la pérdida de ingresos o contratos. Además, dependiendo del país, puede incluso ser considerado fraude, competencia desleal o delito informático.
Para los que trabajamos en propiedad intelectual, esto trae complejos desafíos. Primero, es muy difícil probar que alguien usó una granja de streaming. Los datos clave —como IPs, geolocalización o patrones de comportamiento— los tiene la plataforma, y no siempre están dispuestas a compartirlos. Y sin esa información, resulta más engorrosoiniciar un reclamo o defender a un cliente.
Y como si fuera poco, algunos artistas pueden ser víctimas sin saberlo: alguien del equipo (una agencia de marketing o un tercero) contrata una granja sin que el artista lo sepa, y después el que paga las consecuencias es él o ella. O, al revés, un cliente se ve perjudicado porque otro artista usó estos métodos y escaló en los rankings sin merecerlo.
Además, las granjas afectan el reparto de regalías: quienes usan estos métodos reciben más dinero, en perjuicio de quienes logran reproducciones legítimas. Eso distorsiona todo el sistema.
En resumen, las granjas de streaming son un problema real y creciente. A los abogados de IP, nos desafía a combinar conocimientos legales, técnicos y una buena dosis de estrategia. Tenemos que acompañar a nuestros clientes, revisar contratos, advertir sobre los riesgos, y también participar en el debate para impulsar reglas más claras y justas para todos.
Autor: Manuel Pittaluga, socio especializado en Privacidad de Datos.
Email de contacto: manuel@pittaluga.com
